El Decreto Legislativo 1.384 de 2018 reformó el Código Civil para reconocer la capacidad de ejercicio pleno a todas las personas a partir de los 18 años, incluidas las personas con discapacidad. Esta reforma establece que las personas con discapacidad pueden requerir ajustes razonables o apoyos para expresar su voluntad, que pueden ser elegidos libremente por cualquier persona mayor de edad. No obstante, la norma establece la “curatela” para personas con discapacidad y la declaración de “interdicción” de las mismas.

Se reconoce expresamente el derecho dentro de la Ley 29.973 de 2012, art. 12. Se garantiza la participación por medio del Consejo Nacional para la Integración de las Personas con Discapacidad, creado por el art. 63 de dicha ley.

Existen gran variedad de normas que regulan aspectos relativos a la SSR. Por ejemplo, la Ley 28.983 de Igualdad de Oportunidades entre Mujeres y Hombres, que establece en su art. 6, que el Estado debe garantizar el derecho a la SSR, la prevención del embarazo adolescente y el derecho a una maternidad segura, asegurando servicios disponibles, accesibles, aceptables y de calidad. La Ley 26.626 de 1996 encarga al Ministerio de Salud la elaboración del Plan Nacional de Lucha contra el VIH/ SIDA y las ETS. La Ley General de Salud (Ley 26.842 de 1997) reconoce el derecho de toda persona a elegir libremente el método anticonceptivo de su preferencia, previo consentimiento informado, y exige información adecuada sobre sus efectos y riesgos, estableciendo que en métodos definitivos el consentimiento debe constar por escrito. También, el Código de los Niños y Adolescentes (Ley 27.337 de 2000) garantiza en su art. 15 la inclusión de orientación sexual y planificación familiar en la educación básica, y protege a las adolescentes embarazadas o madres, asegurando su derecho a iniciar o continuar sus estudios, entre otras.

Regualdo en la Ley 29.414 de 2009 y la Ley General de Salud 26.842 de 1987.

El aborto se encuentra regulado mediante el Dec. Leg. 635/1991, art. 114.