Existe una contradicción entre la Ley de Discapacidad de 2020 y el Código Civil de 1859 en relación con la capacidad jurídica de las PcD. La Ley de Discapacidad, en su art. 29, reconoce a las PcD como plenamente capaces en igualdad de condiciones con el resto de la población y establece que el Estado debe proporcionar mecanismos de apoyo para garantizar su autonomía y derechos. En contraste, el Código Civil, en los arts. 1317 y 1318, mantiene un régimen de representación y la figura de incapacidad absoluta para personas descritas como 'dementes' y 'sordas que no puedan darse a entender'. Aunque el Código Civil fue reformado por última vez en 2022, los artículos relativos a la capacidad jurídica no han sido modificados.

Se reconoce expresamente el derecho dentro de la Ley Especial de Inclusión de las personas con discapacidad de 2020, art. 17. Mediante el art. 11 se crea el Consejo Nacional de Atención Integral a las Personas con Discapacidad (CONAIPD).

La Política de Salud Sexual y Reproductiva, definida por el Acuerdo 1.181 de 2012, garantiza la SSR en todas las etapas del ciclo de vida. Se basa en la Atención Primaria de Salud Integral y se enfoca en la inclusión, el género y los derechos, promoviendo un ambiente sano, seguro, equitativo y con calidad. Asimismo, la Resolución Ministerial 278 de 2013 complementa esta política al establecer un plan para su implementación. En ninguna de las dos normas se contempla a las personas con discapacidad como un colectivo específico dentro de estas políticas.

Regulado por la Ley Especial de Inclusión de las Personas con Discapacidad de 2020, art. 50.