El Código Civil (Ley 46 de 2005) reconoce la capacidad legal de todas las personas, pero califica como incapaces a los "dementes", los impúberes y las personas sordas que no pueden comunicarse de manera verbal, escrita o mediante lengua de señas.

Se reconoce expresamente el derecho dentro de la Ley Orgánica de Discapacidades de 2012, art. 24. Y mediante el art. 89, se crea el Consejo Nacional de Igualdad de Discapacidades (CONADIS).

A través de su Constitución de 2008, garantiza el derecho a la salud y la educación en sexualidad desde un enfoque de derechos. Asimismo, la Ley 67 del 2006 asigna al Ministerio de Salud Pública la responsabilidad de formular políticas para la salud sexual y reproductiva. Sin embargo, no contempla específicamente los derechos sexuales y reproductivos de las personas con discapacidad.

Regulado por la Ley Orgánica de Salud y la Ley de Derechos y Amparo del Paciente de 1995, art. 5.

La Ley Orgánica de Ecuador que garantiza la interrupción voluntaria del embarazo para niñas, adolescentes y mujeres en casos de violación, establece en su art. 7, inciso g), que para las personas con discapacidad se implementará un sistema de apoyo, prioziando su voluntad y preferencias, y respetando las normas de derechos humanos. Además, el art. 13 de la ley estipula que el acceso al aborto consentido en casos de violación, solicitado por personas con discapacidad mental, debe basarse en los principios de independencia y autonomía, garantizando la igualdad de condiciones con el resto de la población. No obstante, en su art. 22.4 dispone que las personas con discapacidad deberán prestar su consentimiento informado por medio de su representante legal.